Ciudad de México.- Un grupo de abogados y familiares de miembros de cárteles acusó al gobierno mexicano de violar la ley al enviar a 92 ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos sin una orden formal de extradición.
Las denuncias llegan días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum trasladó a 37 detenidos hacia territorio estadounidense, en lo que analistas han descrito como un gesto político para frenar las amenazas del presidente Donald Trump de emprender acciones militares contra los cárteles.
México ha enviado a los 92 reos vinculados con el crimen organizado en tres entregas desde febrero. Los traslados forman parte de una estrategia más amplia de Sheinbaum para endurecer el combate a los cárteles y mantener buena relación con Washington.
“Nos negaron el debido proceso”
Los abogados señalaron en conferencia de prensa que a sus clientes se les negó el debido proceso porque fueron enviados a Estados Unidos sin pasar por el largo trámite legal que requiere una extradición formal.
“México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos”, dijo Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas trasladadas. “Esto nos obliga a preguntarnos si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”.
Sánchez Lagunas representa a Itiel Palacios García, miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación enviado a EU en febrero, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, integrante de la cúpula del cártel de los Arellano Félix, trasladado en agosto.
Los argumentos son similares a los que usaron los abogados de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien hoy cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
Denuncia penal contra García Harfuch
Vanesa Guzmán, pareja de un líder regional del cártel de los Zetas, interpuso una demanda penal contra altos funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha encabezado buena parte de la ofensiva contra los cárteles.
La pareja de Guzmán, Juan Pedro Saldívar Farías, fue enviado a Estados Unidos la semana pasada y enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas.
En su denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, Guzmán acusó a García Harfuch y a otros funcionarios de “traición a la patria”. Los abogados señalaron que no cuentan con recursos legales dentro de México para impugnar los traslados ahora que sus clientes están fuera del país.
“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro”, subrayó Guzmán. “Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”.
Exjefe de la DEA defiende los traslados
Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, restó importancia a las quejas y elogió a las autoridades por “acelerar” un proceso legal que suele estancarse durante años por la presentación de amparos.
Vigil aseguró que la Constitución mexicana faculta al presidente a tomar acciones de esta magnitud para proteger la seguridad nacional. Aunque Guzmán y los abogados sostienen que los detenidos no representan amenaza porque ya cumplían sentencias en México, Vigil señaló que los capos suelen usar las prisiones mexicanas como centros de operaciones.
“Sheinbaum lo hizo para mejorar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo entiende que estos individuos, si permanecen en prisiones allí… por lo general tienen acceso a sus organizaciones criminales”, declaró Vigil. “Estas vías rápidas son sumamente valiosas en términos de garantizar que se enfrenten a la justicia”.
El gobierno mexicano sostiene que las entregas fueron legales y realizadas por cuestiones de seguridad nacional. Washington asegura que los detenidos eran buscados por crímenes en Estados Unidos y muchos tenían solicitudes de extradición pendientes.
Con información de AP y El Universal.